Informe de Colombia, parte I: la interna guerra armada

Colombia es uno de esos países que actualmente sufre un caos importante dentro de su territorio. La guerra interna con las FARC, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) o el M-19 (Movimiento 19 de abril), sumado a las organizaciones paramilitares -de extrema derecha- relacionadas con el poder estatal y a los grandes narcotraficantes, generan un entorno de conflicto constante del cual es difícil salir. La guerrilla se ve a diario en las calles y el periodismo tiene muchos problemas para su desarrollo laboral.

Es cierto que la invasión cultural y hegemónica han dejado establecido al término "colombiano" relacionado intrínsecamente con el "narco", sin embargo, no dista tanto de la realidad que sufre el país en su propio suelo. Actualmente las plantaciones de coca llegan a un área cultivada de 1140 km2, pero el mayor problema que generan las mismas es el conflicto económico y de poder entre los distintos bandos que luchan por el control del mercado. Además, la exportación ilegal de la cocaína es el sustento que utilizan los movimientos de izquierda autodenominados "comunistas", como es el caso de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia- Ejército del Pueblo), según el gobierno, aunque los guerrilleros no reconocen estar directamente ligados a la venta de drogas.


Las FARC

Soldados de las FARC-EP

La conformación de este grupo guerrillero data de 1964. Creado como un frente de combate comunista-lenninsta, en lucha contra las desigualdades sociales y la explotación de los trabajadores, el grupo guerrillero comenzó a crecer abruptamente a partir de la década del '80. En ese entonces se desprendía de las actividades de narcotráfico, aunque progresivamente comenzó una cercanía a través de la creación del "gramaje". Este era un impuesto cobrado a los cultivadores de coca y a los narcotraficantes como método de financiación.
Los distintos ataques que llevó adelante la organización generaron gran impacto en la política colombiana, ya que a partir de la importancia tomada por este movimiento, los distintos presidentes tuvieron que poner en sus agendas las negociaciones por paz, alto al fuego o enfrentarlos en combate con las fuerzas armadas nacionales. Tanto es así que a partir de 2002 con la asunción de Álvaro Uribe se puso en marcha el Plan Patriota, que se basó en la intensificación de la lucha armada por parte del ejército nacional contra los guerrilleros.

El número de hombres con los que cuenta la FARC han variado en el tiempo y también lo hacen según la fuente. Para el año 2002 se estimaba alrededor de 18000 personas, pero para 2005 el número decayó entre 12000 y 13000, para luego terminar determinando a tan solo 8000 en el año 2008, según los datos calculados por el gobierno colombiano. Por su parte, las FARC estiman que el número de combatientes bajo sus filas llegaría a los 20000.

Frente al mundo, las opiniones sobre una posible clasificación para el grupo autodenominado "bolivariano" y que se opone abiertamente a la apertura colombiana ante los Estados Unidos y sus relaciones exteriores, también van alternando según la ideología predominante de quien se exponga. En el caso de Colombia, como también 31 países más -entre ellos la UE, EEUU, Chile y Perú- los han declarado como una organización terrorista. Sin embargo, tanto Brasil como Bolivia, Ecuador y Argentina, han declarado que es asunto interno de Colombia, por lo que no lo integran a la lista de grupos terroristas. Por su parte, Venezuela presidida antes de su fallecimiento por Hugo Chávez, pidió un status de beligerancia y que sean excluidos como organización terrorista. Además, agregó que tienen un proyecto político bolivariano, el cual es absolutamente respetado por su país. Por estas mismas declaraciones es que varios países pusieron sus miradas sobre una supuesta ayuda económica por parte del ex mandatario venezolano para las FARC. Pese a ello, tampoco es difícil de analizar que los países de Sudamérica que han declarado a esta organización como "terrorista", son aquellos que mantienen relaciones directas con el país norteamericano, que a su vez son los únicos que no han sumado en estos últimos años a gobiernos populares y de tendencia nacionalista.

Según puede leerse en algunas páginas de internet "oficiales", el movimiento bolivariano de las FARC, se considera como una "posible salida en contra al sistema oligárquico, criminal y corrupto" que transformó "un país tan rico y maravilloso en un lugar de cero oportunidades y una patria inviable para la inmensa mayoría de sus habitantes, la gente humilde, el pueblo raso y trabajador". Bajo estas normativas comunistas -con búsquedas de soberanía, democracia y justicia social- es que se afianza aún más la idea que las intenciones de Estados Unidos por combatir el narcotráfico en Colombia, no es más que una cuestión ideológica y no de intereses por un "bienestar" mundial. Esto está argumentado a partir de los conocidos casos de operaciones en Latinoamérica por parte del gobierno yanqui, quien lanzó a partir de los '70 distintos ataques contra los grupos comunistas, nacionalistas y defensores de la igualdad social. En Argentina, eso se vio reflejado contra los movimientos peronistas llevados adelantes por la dictadura militar sufrida en 1976, todo bajo las órdenes del "Plan Cóndor" implementado por Estados Unidos.

Los métodos de financiación de la organización según el gobierno colombiano, se debe en un 78% a los negocios del narcotráfico, lo que deja más de 1000 millones de dólares al año, mientras que la extorsión a través de las vacunas deja aproximadamente 600 millones de dólares. Además se comenzó a utilizar la minería ilegal ya que las penas son menores ante delitos de esta índole.

El accionar de las FARC es conocido a nivel mundial. Los atentados a puntos estratégicos, secuestros a diferentes personalidades y el asesinato a dirigentes políticos son utilizados constantemente. Algunas de las personas secuestradas han pasado varios años bajo el cautiverio de la agrupación guerrillera, como ha sido el caso de la ex candidata a Presidente Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada durante 6 años, 4 meses y 9 días a partir del 23 de febrero de 2002. El día de su liberación, el ejército colombiano logró liberar a 11 miembros del mismo, quienes llevaban más de 10 años bajo el mando de las FARC.

Por último, debe decirse que según dictan algunos estudios, en Colombia hubo 220 mil muertes desde 1958 a 2013, mientras que el número de víctimas que han sufrido otros crímenes de guerra avanzan más allá de los 6 millones de civiles.



Paramilitares y carteles de drogas

La situación política de Colombia no podría ser explicada sino se tienen en cuenta dos grupos armados de importancia en el país, los cuales impulsan también una guerrilla contra las FARC o el Ejército Nacional.

Por un lado, los grupos paramilitares de extrema derecha se conformaron para combatir a la extrema izquierda (guerrilleros) por los diversos intereses ideológicos, ayudando de manera ilegal al legítimo Ejército. Estos fueron llamados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o posteriormente como Bacrim (Bandas Criminales), ya que comenzaron a tener una fuerte presencia dentro del narcotráfico. Además, se ha encontrado en la AUC una conexión directa con miembros de las instituciones del Estado, tanto con militares y policías, como así también con funcionarios del gobierno, llevando esto a un escándalo judicial durante la presidencia de Álvaro Uribe denominado "parapolítica". Actualmente las Bacrim son quienes llevan adelante distintos tipos de actos vandálicos, robos, secuestros y asesinatos, y suelen ser cuestionados si forman parte del término "paramilitar", debido a que tienen como principal actividad el control del tráfico de estupefacientes.

Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín. Murió en 1993.

Por otra parte, los carteles son organizaciones de narcotraficantes que cuentan con una gran estructura y con grandes recursos armamentísticos. Estos mismos son quienes se encargan del traslado y el negocio de la cocaína. En Colombia, fue muy reconocido el Cartel de Medellín durante la década del '70 y el '80, a cargo de Pablo Emilio Escobar, conocido como el narcotraficante más importante de la historia. Está organización llegó a tener tanto poder que presionó al gobierno colombiano a una Asamblea Constituyente para terminar con la posibilidad de extradición de colombianos hacia el exterior, para de esta manera no tener que cumplir penas, por ejemplo, en cárceles de Estados Unidos ni ser juzgados por tribunales norteamericanos. Además, conformaron un conflicto interno ya que tenían relación directa con las guerrillas de izquierda, lo que generó un enfrentamiento con el Cartel de Cali y los grupos paramilitares. El Cartel de Medellín es vinculado con la muerte de más de 10 mil personas -1142 civiles-, contando las bajas de 657 policías entre 1989 y 1993. Su máximo exponente, Pablo Escobar, murió en 1993, pero las secuelas de esta estructura delectiva tan importante siguen siendo de vital importancia en la política colombiana y en el negocio del tráfico de cocaína.